Jornada en Contra de la Pena de Muerte en colaboración con Amnistía Internacional

El Ayuntamiento de Bilbao se adhirió un año más a la campaña internacional "Ciudades por la vida - Ciudades contra la pena de muerte", que persigue, desde 2002, la abolición universal de la pena capital. En esta ocasión, entre las 18:00 y las 21:30 horas, el Consistorio bilbaíno iluminó de amarillo la fachada del Edificio La Bolsa en el Casco Viejo de Bilbao, lo mismo que miles de edificios representativos de más de 2.000 ciudades en todo el mundo.

"Ciudades por la vida - Ciudades contra la pena de muerte2 es una iniciativa global de la Comunidad de Santo Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenecen Amnistía Internacional y más de 60 organizaciones, colegios de abogadas y abogados, sindicatos y autoridades regionales y locales de todo el mundo. La elección del día 30 de noviembre coincide con el aniversario de la primera abolición de la pena de muerte aprobada en el mundo, que tuvo lugar en 1786, en el antiguo Gran Ducado de Toscana. En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad el mundo camina hacia la abolición: la mayoría de los países, 106, han abolido ya por completo este castigo.

Según el informe anual de Amnistía Internacional, en 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones, frente a las 579 que, como mínimo, se consumaron en 2021, lo que supone un incremento del 53%. Por segundo año consecutivo, Amnistía Internacional registró un aumento de las ejecuciones tras una disminución en las documentadas en 2018, 2019 y 2020.

Este año, al igual que en la edición pasada, la concentración de Bilbao tuvo un especial recuerdo para Mohamed Benhalima, exmilitar argelino que formó parte del grupo de Amnistía Internacional de la capital vizcaína. Benhalima, de 33 años, se sumó como activista de A.I. mientras residía como refugiado en Portugalete, después de haber huido de su país tras denunciar la corrupción en el ejército, en septiembre de 2019. Tras obtener un estatus provisional de protección internacional por parte del Gobierno español, fue detenido en un control de carretera en marzo de este año, y trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia, desde donde fue deportado, y puesto bajo custodia del Servicio Secreto argelino. En mayo fue condenado a muerte. Sus abogados han denunciado a España ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, y el propio afectado ha denunciado haberla sufrido y haber sido sometido a aislamiento durante varios meses.