Ejercen su derecho a la organización y participación comunidades indígenas

El proyecto se llevará a cabo en la región Mam del Departamento de Quetzaltenango, en los municipios de Cabricán, Huitán, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa y San Martín Sacatepéquez.

Guatemala es un país que históricamente arrastra graves problemas estructurales, muchos de los cuales están en el origen mismo de su proceso de emancipación, pues nace a la vida como una iniciativa de las élites criollas para defender sus intereses y privilegios y deriva en una república excluyente, racista y perpetuadora de desigualdades hasta la actualidad. La situación actual del país ha sido descrita por el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala como “estado fallido”. Fruto de ello, numerosas organizaciones de la Sociedad Civil (indígenas, campesinas, de desarrollo, de derechos humanos, de mujeres, jóvenes, etc.) trabajan desde diversos ámbitos para incidir en el impulso de un nuevo modelo de nación, como es el caso de ASERJUS, a través de su propuesta de Proyecto Político Aglutinador para la reconstitución de las comunidades y refundación del Estado.

El proyecto pretende desde una perspectiva de género fortalecer a las organizaciones comunitarias, de mujeres principalmente y las mixtas que ejercen desde la igualdad, en su incidencia y articulación, a nivel subregional y departamental, para la defensa de sus derechos a la alimentación, servicio de agua potable, y participación e incidencia política con formación en auditoria social, en los 5 municipios indígenas del departamento de Quetzaltenango. Para ello, la propuesta plantea 4 ejes de trabajo:

1. 5 Coordinadoras Municipales articuladas a nivel municipal y subregional, cuentan con capacidad política para ejercer sus derechos como población indígena Mam y plantear propuestas políticas desde un enfoque de género e intercultural.
2. Comisiones de seguridad alimentaria y nutricional con capacidad técnica productiva y política implementan iniciativas agroecológicas.
3. Organizaciones comunitarias (de mujeres y mixtas) ejercen su derecho humano al agua a través de la incidencia política.
4. Formadas y fortalecidas 5 comisiones de auditoría social sobre programas implementados con inversión pública para la incidencia política y la exigencia del derecho a la seguridad alimentaria y el agua.