Sexu- eta ugalketa-eskubideei buruzko nazioz gaindiko ezagutza- eta truke-zubiak eraikitzea (DSDR), ikuspegi intersekzionaletik eta kulturartekotik, biztanleria migratuarekin

El proyecto se desarrollará en varias localidades como Irún, Errenteria, Pasaia, Zumaia, Tolosa y Donostia, en Gipuzkoa y también, con la participación de activistas defensoras de DSDR desde Guatemala, Bolivia y Burkina Faso.

Los avances que se han logrado a nivel mundial en materia de derechos sexuales y reproductivos han sido muy importantes, y también su inclusión en los marcos normativos internacionales. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no ha incorporado a las iniciativas de promoción de la salud la educación para la salud sexual y reproductiva de manera clara ni suficiente y, en Euskadi, se cuenta con la ley de igualdad que establece que las administraciones públicas vascas han de cubrir las necesidades derivadas del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a través de programas, tanto preventivos como asistenciales, dirigidos, entre otros aspectos, a facilitar la planificación sexual y a evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. No obstante, en 2021 el 84,3% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizaron en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública. Hay 6 CCAA que no han realizado ni un solo aborto en la sanidad pública. En cuanto a las mujeres migrantes y/o asiladas, España incumple lo que dicta la ley del derecho de asilo y de la protección subsidiaria y se observan graves deficiencias en la aplicación de mecanismos para identificar a mujeres y niñas expuestas a situaciones de violencia en frontera.

Para ello, el objetivo de la propuesta es fortalecer las competencias y conocimientos en salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (DSDR) de mujeres, entre parteras tradicionales, y agentes educativos desde una mirada intercultural e interseccional a través de la capacitación en DSDR y en mecanismos de acceso a servicios de salud, fomentando las redes de colaboración, desarrollando estrategias de incidencia y ejecutando un plan de acción para incidir en políticas públicas y prácticas comunitarias.